Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
El entrevistado para este número de Publicación de Sanidad Privada fue ministro de Sanidad durante la segunda legislatura presidida por el presidente Felipe González, para ser precisos entre 1986 y 1991. En la actualidad ejerce como presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae) y no pierde de vista el sector de la política sanitaria, que analiza con profusión de conocimientos a lo largo de la conversación. Firme partidario de que el Sistema Nacional de Salud acoja a la sanidad privada como un complemento útil y necesario –máxime en tiempos de crisis económica–, defiende la vigencia de las mutualidades administrativas. Asimismo, identifica como principal problema de la sanidad española el pago de las deudas a los proveedores, sean públicos o privados, a partir de fondos que deberán ser públicos, y considera que el copago debe valorarse en otro momento.

Según ha declarado quien le nombró ministro de Sanidad en 1986, el expresidente del Gobierno Felipe González, “nos encontramos al borde del precipicio” desde el punto de vista de la economía nacional y comunitaria. ¿Considera sostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS)?

Lo que dice el presidente González responde a algo que leemos todos los días en los periódicos desde hace ya varios años pero especialmente en los últimos meses. Por lo tanto no creo que esté exagerando. En el sentido en el que lo dice, se está refiriendo a si es posible mantener el euro y la cohesión dentro de la Unión Europea (por lo menos dentro de la zona euro tal como está diseñada ahora). Yo espero que, precisamente en los próximos días [la entrevista se llevó a cabo el día 16] esto se vaya aclarando, pero,  efectivamente, desde que estalló la crisis griega vivimos una situación muy complicada.

Esta situación afecta a España, que hasta ahora creo que va a poder conseguir estar fuera de la lista de países que han tenido que ser ayudados directamente (lo que se llama “el rescate”). Creo que España no lo va a necesitar, pero, en cualquier caso, está en una situación económica muy complicada. Por lo tanto, servicios públicos en general que fueron diseñados y que han sido gestionados y financiados en una época de normalidad económica, no pueden concebirse como algo al margen de la situación económica general. El sistema sanitario español no es caro; tiene defectos, pero resulta muy razonablemente soportable por la economía nacional. Sin embargo, ahora estamos en una situación económica excepcional, y, por lo tanto, igual que no se puede decir que los ayuntamientos no estén afectados por la crisis económica (sabemos que sí), [tampoco puede decirse que] las comunidades autónomas no estén afectadas (ya vemos que sí; hasta hace unos meses, creíamos que eso solo afectaba al Estado).

No podemos decir, pues, que el sistema sanitario no está afectado por la crisis económica. Lo está y la expresión de sus problemas es precisamente la deuda, lo que debe a sus proveedores. Les debe una cantidad muy importante, y además no sabemos cómo se va a poder pagar. Por lo tanto, el sistema sanitario se tendrá que adaptar a las circunstancias generales. Cuando las circunstancias se normalicen, los sacrificios que probablemente haya que pedir ahora se superarán.

Pero, de momento, lo que resulta evidente es que no podemos seguir acumulando deuda porque, igual que los ayuntamientos, al no pagar a sus proveedores, están haciendo que entren en suspensión de pagos millares de pequeñas empresas, lo mismo está pasando en el sistema sanitario. Es decir, las grandes empresas multinacionales farmacéuticas no van a suspender pagos, pero hay multitud de proveedores de hospitales que no cobran desde hace meses y que empiezan a tener dificultades grandes e incluso algunos cierran. Y esto se sabe en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto no estamos hablando de sostenibilidad abstracta, sino de no acumular más deudas y de adaptarse a una situación económica que es muy difícil y que lo va a seguir siendo en los próximos dos o tres años.

¿Qué medidas cree que deben tomarse para no acumular más deuda?

Hay que hacer un plan de pago de las deudas.Parte del dinero tendrá que venir del Estado y otra parte de las comunidades autónomas (procedente de otros capítulos). En realidad, ya se están aplicando ciertas medidas. Por ejemplo, a mí me asombra que algunas comunidades autónomas mantengan las televisiones al no poder privatizarlas, ya que la ley no les autoriza para ello. Bueno, pues hasta que se haga una nueva ley, usted debe mantener en suspenso ese servicio y se ahorra el dinero que le cuesta hasta ahora. Es decir, no me parece una buena excusa.

Las comunidades autónomas ya han empezado a hacer ahorros sustanciales y habrá que seguir por ese camino. Después, tendremos que buscar el dinero adicional para pagar a los proveedores y, obviamente, habrá que plantearse si podemos costear toda la lista de prestaciones que ahora tenemos. Algunas se han dejado de atender en algunas comunidades, y habrá que comprometerse, por ejemplo, a revisar la lista de medicamentos financiados por lo menos una vez al año. Las cosas no se pueden hacer bien cuando se hacen de un plumazo cada diez años.

Habrá visto que estoy tratando de evitar el debate del copago, que a mí me parece sobrepasado. En estos momentos ése ya no es el debate; ahora el debate se centra, más bien, en lo que puede financiar y lo que no puede financiar el sistema sanitario, y está centrado en el tema de pago a los proveedores. En estos momentos, pues, el copago no está en el centro del problema: ya veremos en otro momento (sabe que soy favorable).

Dada la situación, la alternativa lógica de los gobiernos autonómicos, en materia de sanidad, pasa por favorecer los conciertos y demás fórmulas de colaboración con el sector privado. ¿Considera posible un rescate del SNS por esta vía? 

¿Puede contribuir la colaboración con el sector privado a los ahorros y a la austeridad que el sistema necesita? En primer lugar, hay que decir que el sistema privado, tanto concertado como contratado a través de otras fórmulas está sufriendo enormemente las consecuencias de la crisis del sistema sanitario público. Los pagos a los conciertos se están retrasando; las primas que el Estado paga a las mutualidades son extraordinariamente bajas… Es decir; por parte del sector privado, hay una situación muy complicada, en parte porque el sistema público le traslada sus problemas. Por lo tanto, cuando yo digo que hay que mejorar la relación con los proveedores, estoy refiriéndome también a esto. Me refiero a los proveedores de servicios de salud privados. Y estoy seguro de que el sector privado puede contribuir en alguna medida, porque posee mecanismos muy flexibles de gestión, y hay determinados ahorros que tiene que hacer el sector público que ya aplica el sector privado, y, por lo tanto, el sector público puede aprender en ese sentido del sector privado.

La sanidad privada representa el 30 por ciento de la actividad sanitaria en España, pero, hasta hace apenas un año, no había un portavoz único que pudiera mediar ante los demás agentes del sistema. ¿Qué opinión le merece el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)?

Conozco el proyecto desde que empezó a ponerse en marcha y me parece positivo que exista el IDIS. Una vez que ya está lanzado y es conocido, y que tiene este medio de comunicación periódico –que es conocido en todo el sector sanitario privado–, hay que intentar hacer un esfuerzo dentro del IDIS para armonizar los interese de todos los componentes de ese sector privado. Porque en el IDIS coexisten, por lo que yo sé, aseguradoras puras; aseguradoras que tienen un aparato existencial; clínicas concertadas; clínicas que no están concertadas; empresas de gestión pura de los servicios… Los intereses de todos ellos no son los mismos, y el IDIS debe tratar de armonizar esos intereses para que haya un campo, un ámbito, en el que, por ejemplo, las aseguradoras puras puedan negociar con los proveedores de servicios privados.

Luego para racionalizar y dar coherencia a todos los componentes del sector sanitario privado, el IDIS es positivo. Y luego, como instrumento para dialogar con el sector público, desde luego que también lo es. Y yo creo que al sector público le viene bien disponer de una entidad con la que pueda hablar de todos los temas. Me parece que el IDIS es, pues, un buen instrumento y debería perfeccionarse.

La colaboración del sector sanitario público con las compañías privadas no en algo nuevo, ni mucho menos. Desde 1976, por ejemplo, funciona en España el mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas). Hace unos meses se puso en tela de juicio la viabilidad económica de la primera de estas mutualidades. ¿Considera oportuna su función y su persistencia en el tiempo?

Ahí se ha producido, creo yo, una situación curiosa y contradictoria, porque el sistema de Muface y de Isfas ha sido puesto en cuestión muchas veces. Cuando yo estaba en el Ministerio ya se cuestionaba. Nunca se tomó en serio ese cuestionamiento, porque el sistema público tenía que absorber a unos dos millones de funcionarios. Y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hubieran tenido muchas dificultades para absorber esa cantidad de nuevos asegurados. A pesar de eso, como los ojos del Guadiana, de vez en cuando se pone en cuestión el modelo de Muface, incluso con argumentos peregrinos. Así, con frecuencia he oído que suponen un privilegio; yo creo que es más bien lo contrario, porque los funcionarios pagan de su sueldo una parte, cotizan a Muface (cosa que no hace el resto de ciudadanos) y, además, pagan sus impuestos como los demás ciudadanos. Pero es que además, cuando se jubilan, pagan una parte de los medicamentos aparte de los impuestos. Luego es posible que tengan alguna ventaja, pero también tienen sus inconvenientes porque pagan más por su asistencia que el resto de los españoles.

Últimamente he visto que el discurso, en general, ha sido más realista. Y empieza a ganar terreno la evidencia de que las mutualidades, que paga el Estado, son una parte especial del Sistema Nacional de Salud. Eso creo que se ha abierto paso definitivamente, pero lo contradictorio es que, cuando eso empieza a extenderse, y empieza a calar, es justo cuando el Estado paga unas primas más bajas, comparadas con el gasto que hacen las comunidades autónomas por persona (en estos momentos estamos hablando del cincuenta por ciento con respecto a la media que gasta el Sistema Nacional de Salud). Esto no es sostenible, porque ahí hay unas entidades privadas que tienen accionistas, y tendrán que explicarlo en algún momento (cómo con tan poco dinero, prestan una atención que es, incluso, un poco más extensa en prestaciones que la que reciben el resto de los ciudadanos). Yo creo que esto hay que arreglarlo. Y si no hay dinero este año o en 2012, habrá que hacer una reprogramación y establecer con esas entidades un plan de subida progresiva de la prima y, probablemente, de ciertas limitaciones en el uso de los servicios mientras dure la situación difícil (los dos o tres años de dificultades que nos esperan y que mencioné antes).

Pero yo soy un defensor de que todo lo que existe en el sistema, sea público o sea privado, debe ser utilizado, y debe ser visto en conjunto. El Ministerio de Sanidad no puede ser solo Ministerio de lo público, de los recursos públicos, heredado de la Seguridad Social y que, en estos momentos, están encomendados a las comunidades autónomas. Debe también interesarse por otra parte del sistema público, que son las mutualidades; y debe tener siempre un ojo puesto en el resto de los medios sanitarios que hay disponibles en España, que son privados. Porque todo eso tiene que funcionar armónicamente. Si no, no estaríamos haciendo las cosas bien.

Incluso antes que las mutualidades, existían las denominadas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que el ministro socialista Pedro Solbes eliminó de un plumazo hace muy poco. ¿Lo considera un retroceso en la relación de la Administración con la sanidad privada?

Así como he dicho –y siempre lo he mantenido– que veo plena vigencia en las mutualidades de funcionarios, las entidades colaboradoras habían ido perdiendo papel. Habían ido perdiendo sentido en un sistema universalizado con una garantía de cobertura del riesgo sanitario que aportaba el Estado. Es decir, una vez que se universalizó el sistema, no tenía mucha lógica que ciertas empresas garantizaran a sus trabajadores una atención sanitaria, cuando ya había dejado de estar financiada, además, por la Seguridad Social. Las empresas habían perdido también mucho interés en ello. Por lo tanto yo creo que no fue una gran pérdida. Se habían ido deteriorando también con el tiempo, y yo creo que la decisión del ministro de Hacienda [Pedro Solbes] fue correcta.
 

¿Considera adecuado incentivar la sanidad privada con medidas como la desgravación fiscal para quien contrate un seguro de salud?

A mí me sorprendió mucho que fuera precisamente el Partido Popular el que la suprimiera, porque hay una evidencia y es que el señor que paga una póliza y no hace uso de los servicios públicos, está aligerando la carga de éstos. Por lo tanto debería tener una pequeña compensación, que además era bastante modesta (del diez por ciento). No estoy diciendo que haya que estimular de una manera muy decidida las pólizas privadas en una situación como la actual. Pero al que hace el esfuerzo, bien él solo, bien en colaboración con su empresa, de asegurarse unos servicios al margen de los del Sistema Nacional de Salud, habría que reconocérselo de alguna manera.

¿Ve importante la función de las aseguradoras de salud en España?

En un país muy desarrollado como es España, aunque en estos momentos tenga tantas dificultades económicas, ésa es una tendencia inevitable. En países de una gran tradición de un sistema público universal, como es el caso de Reino Unido y de los países nórdicos, a medida que la renta media disponible va aumentando, hay personas que deciden garantizarse unos servicios distintos en el sector privado. A mí me han creado muchos problemas cuando he argumentado que hay que personas que prefieren tener una póliza de salud para dar a luz o para operarse, y lo hacen a costa de no irse de vacaciones de a las Seychelles. Por decir esto, más de una vez hasta me han escrito editoriales. Alguien me atribuyó algo que yo nunca dije, pero no lo voy a repetir.

Creo en la libertad individual y creo, sobre todo, en la autonomía del paciente. Y si hay algún paciente que quiere completar el aseguramiento que todos tenemos, y que es público, con otro privado, pues no hay que impedírselo. Y si, además, deja de hacer uso de los servicios públicos, pues habría que reconocérselo. Así que, cómo decirle, las aseguradoras no van a ser un negocio que afecte a un porcentaje muy importante de la población, pero sí  a una franja, no necesariamente muy pudiente. Va en consonancia con el crecimiento del nivel de vida de la población.

¿Cree que los médicos que disponen de consulta privada deben cobrar la jubilación con independencia de que sigan ejerciendo?

Podemos discutir la legislación vigente –que, por cierto, a mí me afecta–, que ha establecido un régimen muy rígido y con incompatibilidades para la gente que cobra la pensión. Los médicos del sistema público son estatutarios, son funcionarios, es decir, no se les está aplicando un sistema muy distinto al de los inspectores de Hacienda, que, a lo mejor, una vez jubilados, pueden hacer alguna asesoría, o al de los jefes de Servicio jurídicos que, una vez jubilados, podrían ayudar en un despacho de abogados. Es decir, se les está aplicando lo mismo que al resto de los servidores públicos.

Por lo tanto, se puede estar de acuerdo o no, y ya digo que a mí me afecta. Yo pienso que debería establecerse con una cierta regularidad. Es decir, hasta un cierto tope de ingresos. Si un jubilado tiene ingresos muy altos por la consulta privada, pues se le podría limitar. ¿Limitarlo en todos los casos y de manera sistemática? Pues tengo alguna duda. Pero ya le digo que aquí estoy hablando ya con intereses personales, porque a mí me afecta también.

Por último, ¿qué opina de la proposición de CiU hace unos meses, en el Parlamento catalán, de introducir actividad privada en hospitales públicos –algo que, en los últimos años del franquismo, ya se hacía en algunos hospitales españoles–? El IDIS, por su parte, se posicionó en contra,

A mí me tocó, en el Ministerio de Sanidad, aplicar precisamente las incompatibilidades. Y le puedo asegurar que me dio muchos problemas: muchos. Luego yo no lo veo positivo. Creo que confundir lo público y lo privado nunca es bueno. Precisamente, antes le he dicho que considero positivo que haya una oferta privada complementaria de la pública. La pública no puede estar en todos los sitios y, a veces, no llega porque no tiene recursos, y además porque la oferta pública existió siempre en nuestro país y hay que aprovecharla. Pero cada uno en su sitio. Yo creo que es bueno que lo público sea público, y lo privado sea privado. Y si, en un momento, hay que concertar, colaborar, etc., estupendo: hay que hacerlo. Y además esto hay que cuidarlo, sobre todo cuando hay pocos recursos como sucede ahora. Esa colaboración se debe mejorar y se debe tratar con imaginación para encontrar fórmulas de cooperación y aprovechar todos los servicios y todos los recursos. Pero sin mezclarlos. En esto no creo que deban hacerse cambios.